Las diputadas locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mercedes Colín y Leticia Mejía, hicieron un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para rescatar al sector agrícola mexiquense y nacional, el cual, denunciaron, enfrenta una de sus peores crisis debido al recorte presupuestal, la desaparición de programas oficiales y el encarecimiento de la producción.
En conferencia de prensa realizada en la sede del PRI del Estado de México, las legisladoras señalaron que la actual administración de Morena prometió transformar el agro, pero los resultados muestran un abandono que pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de familias.
Dependencia alimentaria al doble
Durante su intervención, la diputada Leticia Mejía expuso que los productores mexiquenses enfrentan un panorama crítico debido a que los costos de producción aumentaron más del 50% en los últimos cinco años.
A esta problemática se le suma la falta de financiamiento competitivo, el acceso limitado a insumos básicos y la eliminación de por lo menos 24 programas federales que anteriormente daban soporte técnico y económico a las familias rurales.
precisó que la producción nacional de maíz ha registrado una importante caída en los últimos años, al pasar de más de 2 millones de toneladas anuales a 1.7 millones de toneladas en 2024, situación que afecta directamente a miles de familias cuya principal fuente de ingresos depende del campo.
“Exigimos desde aquí una política agrícola que vuelva a poner a la producción en el centro: apoyos con reglas claras, fertilizantes accesibles, semilla mejorada, tecnificación, acompañamiento técnico, financiamiento competitivo. Exigimos programas con reglas claras, con mecanismos transparentes para ser evaluados”, dijo Mejía.
La integrante de la bancada tricolor enfatizó que el desabasto y la baja producción nacional no solo afectan la economía de los campesinos, sino que repercuten directamente en los bolsillos de los consumidores locales ante el alza de precios en la canasta básica.
Finalmente, exigió el diseño e implementación inmediata de políticas públicas con reglas de operación claras, esquemas de financiamiento accesibles y la garantía de precios justos para la comercialización de las cosechas, con el fin de devolver la rentabilidad a las tierras mexiquenses.
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